La Restauración Española

Este vídeo es una explicación completa de la etapa de la Restauración, hasta que acabó con la dictadura de Primo de Rivera. A continuación, expongo un resumen de esa época, con algunos puntos tratados por encima y otros algo más profundamente. Puede que vaya un poco largo de más, pero no sabía otra forma de hacerlo.


Hacia las nueve de la mañana del 29 de diciembre de 1874, en las cercanías de Sagunto (Valencia), el general Arsenio Martínez Campos, ante una brigada del Ejército -1800 hombres-, proclamó rey de España al príncipe Alfonso de Borbón. El golpe tuvo éxito debido en parte a la aceptación pasiva de la gran mayoría del Ejército y al escaso apoyo civil que encontró el gobierno presidido por Sagasta. Martínez Campos había actuado sin el conocimiento del jefe político de la causa alfonsina, Antonio Cánovas del Castillo, quien condenó el golpe pero no pudo menos que recoger su fruto: la restauración de los Borbones en el trono de España. Se inicia así una nueva época denominada la Restauración.

La Constitución de 1876 fue escrita por Manuel Alonso Martínez, pero refleja íntegramente el espíritu de Cánovas. En cierta medida, se trata de una síntesis de las anteriores constituciones, la moderada de 1845 y la democrática de 1869. Al igual que éstas, descansa en un modelo unitario y centralista de Estado y la división de poderes, característica de una monarquía constitucional. La Constitución de 1876 se distingue por su falta de concreción de muchos aspectos del ordenamiento jurídico, con lo que se hacía posible que cada partido pudiera gobernar con sus propios principios. En esta constitución se afirma la religión católica como religión del Estado, al mismo tiempo que se establece la tolerancia para las demás religiones, a las que se permitía el culto privado. Con esto, Cánovas recibió el reconocimiento de las minorías religiosas.

El hecho de mayor trascendencia ocurrido en los primeros años de la Restauración fue la formación de un nuevo sistema político. Para ello, lo fundamental era llegar a un consenso entre los partidos liberales y establecer unos principios básicos sobre los que asentar una convivencia pacífica. El proyecto político de Cánovas defendía un sistema en que la monarquía era la base y los partidos un instrumento al servicio de ella. Para esto, era necesario formar nuevos partidos que creasen un muro de contención frente a los radicalismos carlista y republicano. Estos dos partidos, que después se alternaron en el poder, fueron el Conservador, presidido por Cánovas, y el Liberal, presidido por Sagasta. Ambos partidos compartían un intenso sentimiento nacionalista, junto con lo esencial del liberalismo y el capitalismo de la época. Sus objetivos comunes eran hacer compatibles la libertad política y el orden social, y sacar a España del atraso en que se encontraba.

Otro de los elementos fundamentales del sistema de la Restauración fue el sistema de turnos o alternancia pacífica (turnismo). Su origen radica en la exigencia de Sagasta de que el rey llamase a su partido a gobernar en el año 1881 como alternancia al de Cánovas. El rey cedió a esta petición y acabó con el riesgo de nuevos pronunciamientos y motines. En esta sustitución lo normal era que antes existiese un cierto desgaste de gobierno y que la oposición presionase para que se produciese el cambio. Pero en la práctica esto no era lo esencial: se llegó a un acuerdo tácito de que los dos partidos que apoyaban a la monarquía de Alfonso XII se alternarían en el poder mediante la manipulación del proceso electoral, un verdadero fraude que permite hablar de sistema liberal sin democracia. La consolidación de la alternancia se produjo en la etapa de la regencia de María Cristina (1885-1902), especialmente tras el largo gobierno liberal y el llamado Pacto del Pardo, que estableció el acuerdo entre Cánovas, Sagasta y la regente de alternar en el poder para asegurar la propia monarquía ante la doble amenaza carlista y republicana.

El proceso por el que se fabricaban los resultados electorales era el siguiente: aprovechando la estructura centralizada del Estado, el ministerio de la Gobernación elaboraba el encasillado y después se negociaba en las provincias los candidatos por distrito. A continuación los gobernadores civiles se encargaban de controlar a los electores, de forma que votasen al candidato que era designado previamente. Para eso, les daban instrucciones a los alcaldes (nombrados por los gobernadores) y contaban también con la ayuda de los caciques locales. Si este proceso resultaba insuficiente para asegurar la elección del candidato designado, eran frecuentes las alteraciones de las actas y el voto de personas inexistentes en el censo. La manipulación directa de los resultados electorales se llama pucherazo. En última instancia, el propio gobierno disponía en el Congreso de mayoría en las comisiones que daban por buenas las actas electorales y podían anular a capricho las que les fueran desfavorables. El proceso electoral estaba en manos del gobierno y de sus hombres de paja, no de los electores.

El último domingo de febrero de 1895, durante las celebraciones del Carnaval, comenzaron las sublevaciones en diversas poblaciones de la isla de Cuba, aunque solo triunfaron en el este de la isla. El plan había sido trazado por José Martí en 1892 (fundador del Partido Revolucionario Cubano). Al morir Martí en una escaramuza con las tropas españolas, el movimiento quedaba privado de su personalidad civil más destacada y en manos de los militares. El principal objetivo militar cubano fue extender la campaña a toda la isla, lo que se consiguió a comienzos de 1896 cuando el comandante en jefe Gómez y el segundo en el mando Maceo, llegaron a las proximidades de La Habana y avanzaron hacia el extremo occidental de la isla. En su avance, las tropas cubanas fueron incendiando y destruyendo una parte considerable de las plantaciones. La respuesta española fue tratar de ahogar la sublevación lo antes posible, ante el temor a las repercusiones internacionales del conflicto, y especialmente, la intervención de Estados Unidos. Tanto Sagasta como Cánovas tenían la voluntad de agotar todos los recursos humanos y económicos en defensa de la colonia. Entre 1895 y 1898 fueron enviados a Cuba más de 220 mil soldados. Sin embargo, esta superioridad numérica no era suficiente para vencer a un enemigo que hacía guerra de guerrillas, basada en el conocimiento del terreno y el apoyo de la población. Por otra parte, el ejército español encontró en las enfermedades endémicas de la isla (paludismo, disentería, fiebre amarilla) un factor de mortalidad más terrible todavía que las armas enemigas.

En Estados Unidos la situación cubana era seguida con creciente interés por la opinión pública. El presidente Cleveland, a través del secretario de Estado Olney, ofreció su mediación al gobierno español para acabar con la guerra, sobre la base de la concesión de la autonomía a Cuba. Esta oferta fue rechazada por el gobierno de Cánovas que no consideraba a Estados Unidos un mediador imparcial. En 1897 se produjo el asesinato de Cánovas, y tras un breve gobierno del general Azcárraga, Sagasta se hizo cargo con el poder. A partir de aquel momento, la política española en Cuba estuvo encaminada a satisfacer las demandas de los Estados Unidos para evitar una confrontación con ellos, por lo que inmediatamente le fue concedida la autonomía a la isla. El gobierno español no quiso vender la isla a los Estados Unidos por 300 millones de dólares ni concedió la independencia a la isla sin ser derrotado militarmente. Tanto una como la otra hubieran implicado en España un golpe militar con amplio apoyo militar y la caída de la monarquía. El hecho que prácticamente llevó a la ruptura de relaciones y a la declaración de guerra fue la voladura del acorazado norteamericano Maine, en el puerto de La Habana en febrero de 1898. Las negociaciones de paz se plasmaron en el Tratado de París, firmado el 10 de diciembre de 1898, por le que España reconocía la independencia de Cuba y cedía Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam a Estados Unidos, a cambio de una compensación de 20 millones de dólares.

Cuando Alfonso XIII accedió al trono en 1902, los partidos dinásticos, tras la desaparición de sus grandes dirigentes Cánovas y Sagasta, vivieron crisis motivadas por las disputas internas y la ausencia de un liderazgo fuerte. Una de las causas de la inestabilidad política en los primeros años del siglo XX fue la debilidad interna de los partidos, en particular del Liberal. En 1905, con los liberales en el gobierno, se produjo una de las crisis más trascendentales del gobierno de Alfonso XIII, la que enfrentó a los militares con el catalanismo. En 1906, bajo la presión de los militares, se aprobó la Ley de Jurisdicciones, por la que las ofensas contra el ejército y la patria serían juzgadas por tribunales militares. Esta ley puso de manifiesto la renovada intervención del ejército en la vida política. En esta situación los partidos eligieron nuevos dirigentes: el Partido Conservador a Antonio Maura, y el Partido Liberal a José Canalejas.

Tras 1898, la acción colonial española se redujo tan solo al norte de África. Aunque Marruecos era una monarquía en teoría independiente, con instituciones propias, lo cierto es que apenas era controlada por la autoridad política del sultán. Por su posición estratégica, le interesaba a grandes potencias europeas, como Inglaterra, Francia y Alemania. En la Conferencia de Algeciras de 1906 se reconoció la libertad de iniciativa económica en la zona con predominio político de franceses y españoles. Sucesivos acuerdos entre españoles y franceses redujeron la zona de influencia española a tan solo 45 mil kilómetros cuadrados, la zona del Rif, un terrritorio muy accidentado y habitado por tribus de bereberes, hostiles a la presencia extranjera. En julio de 1909 los rifeños atacaron y asesinaron a cuatro obreros del ferrocarril y hubo graves enfrentamientos. El gobierno decidió enviar tropas peninsulares de refuerzo y movilizó a los reservistas en Cataluña. El 18 de julio de 1909 el embarque de las tropas en Barcelona desencadenó un movimiento de protesta contra la guerra de Marruecos. El republicanismo más radical y anticlerical, los socialistas y los anarquistas, promovieron una huelga general contra la guerra y la política del gobierno en Marruecos, que empezó en Barcelona el 26 de julio y se extendió a otras poblaciones próximas.

Las noticias sobre la Batalla del Gurugú y la Emboscada en el barranco del Lobo, donde murieron 1284 soldados españoles, desataron la violencia. Entre el 26 de julio y el 1 de agosto, la huelga degeneró en una insurrección espontánea, sin dirección ni planificación, conocida como la Semana Trágica de Barcelona. El gobierno reprimió con dureza la revuelta, con un balance de casi 80 muertos y unos 2000 detenidos, y acusó a los republicanos radicales y a los anarquistas de ser los instigadores de la revuelta.

En el verano de 1921, en Marruecos, se produjo la crisis más grave. Al acabar la Primera Guerra Mundial, Francia retomó con ímpetu su política colonial y amenazó con reducir la presencia española en la zona. El general Dámaso Berenguer inició la ocupación del sector occidental de Marruecos y le ordenó al general Silvestre (comandante general de Melilla) que detuviese su ofensiva en el Rif hasta someter al caudillo que dominaba el sector occidental. Pero éste prosiguió un avance precipitado sobre el corazón del Rif para ocupar la bahía de Alhucemas, y penetró en un territorio extenso, de difícil orografía, muy alejado de los centros de aprovisionamiento y defendido por una línea débil y dispersa de fuertes militares llamados blocaos. Abd-el-Krim encabezó una rebelión generalizada de los rifeños, y organizó el cerco a las tropas españolas en Annual. El general Silvestre dio la orden de retirada y se produjo la desbandada de los españoles hacia Melilla. En pocos días se perdió toda la zona, que fue ocupada durante años con grandes esfuerzos, y murieron o desaparecieron más de 1000 soldados, incluido el propio general. La llegada de tropas de refuerzo a Melilla, entre ellas las unidades de élite del Tercio de la Legión al mando de Berenguer, salvó la ciudad, gravemente amenazada, y poco después se recuperó todo el territorio perdido.

La tragedia de Annual conmocionó a la opinión pública, y acabó siendo una de las causas del fin del régimen parlamentario. La exigencia de responsabilidades forzó al gobierno a nombrar una comisión para delimitar las responsabilidades militares. El envío del expediente Picasso a las Cortes, en el que se proponía el procesamiento de 39 oficiales (incluido Berenguer), abrió también el debate de las responsabilidades políticas. Los socialistas, con el apoyo de la izquierda republicana, iniciaron una campaña de denuncia contra el régimen, atribuyéndole al rey toda la responsabilidad del desastre. Como solución para la crisis del régimen, el general Primo de Rivera encabezó un golpe de Estado por el que se imponía una dictadura militar, que no encontró prácticamente oposición.

El 15 de septiembre de 1923, el rey Alfonso XIII le encargó a Primo de Rivera la formación de un nuevo gobierno y le concedió el cargo de presidente y de ministro único (Directorio Militar, 1923-1925). Una vez resuelto el problema del orden público y solucionada la cuestión marroquí, Primo de Rivera sustituyó el Directorio Militar por un Directotio Civil (1925-1930), con la clara intención de permanecer en el poder, rodeándose de politicos de derechas, como José Calvo Sotelo. A partir de 1926, la dictadura empezó a perder apoyos y aumentaron las críticas y la oposición, de las que no se libró Alfonso XIII. Primo de Rivera, falto de apoyos, incluidos los de los militares y el rey, con una imagen que quedó ligada a la dictadura, presentó su dimisión en enero de 1930.

Alfonso XIII le encargó la formación de un nuevo gobierno al general Berenguer. En agosto de 1930, los diversos partidos republicanos, incluidos los nacionalistas catalanes y gallegos, acordaron el llamado Pacto de San Sebastián, con el objetivo de proclamar la república. El anuncio de republicanos, socialistas y antiguos políticos dinásticos de no participar en las elecciones legislativas convocadas en febrero de 1931, provocó la inmediata dimisión de Berenguer, y fue sustituido por el almirante Aznar. Republicanos y socialistas decidieron concurrir a estas elecciones y presentarlas como un plebiscito a favor o en contra de la monarquía. El triunfo de la coalición de republicanos y socialistas en las grandes ciudades, menos influenciadas por los caciques, se interpretó como un rechazo a la monarquía y dio paso a la proclamación de la II República el 14 de abril de 1931.